El periodista Santiago Cúneo presentó una denuncia ante la justicia argentina para que se investigue si los audios vinculados a Javier Milei expusieron un riesgo para la seguridad presidencial. El caso quedó radicado en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, mientras las grabaciones ya circulaban en redes sociales y en el programa 1+1=3.
La presentación sostiene que el contenido de esas grabaciones podría comprometer información sensible sobre los protocolos de seguridad del Presidente, en especial en lo referido a desplazamientos y resguardos durante viajes al exterior. Uno de los fragmentos mencionados incluye preguntas de Rosemary “Oscurita” Maturana sobre esos movimientos, en una voz que fue difundida antes de la denuncia judicial y que encendió la polémica por el material que salió a la luz.
La investigación busca determinar si hubo una vulneración ilegal de comunicaciones y si terceros ligados a servicios de inteligencia pudieron acceder al contenido antes de su difusión pública. Ese punto es el que hoy marca el eje del expediente: no solo qué dicen los audios Milei, sino cómo llegaron a circular fuera de canales que, en teoría, debían estar protegidos o encriptados.
Maturana no es una figura ajena al universo político del Presidente. Durante la campaña presidencial de Milei estuvo vinculada al entorno libertario y, según el texto que acompaña la denuncia, tuvo un papel relevante en la construcción estética y comunicacional del dirigente, incluida la imagen “rockera” con la que irrumpió en la escena política. Por eso su nombre aparece ahora en el centro de un caso que combina seguridad, comunicaciones y exposición pública.
La denuncia también señala que los audios contienen expresiones de carácter sexual y lenguaje explícito, un elemento que añadió ruido al caso pero no alteró el foco principal de la presentación judicial. La cuestión de fondo sigue siendo si ese material fue obtenido y difundido de manera irregular, y si la cadena de filtración llegó a tocar áreas sensibles vinculadas al esquema de custodia presidencial.
La causa quedó así instalada en un terreno incómodo para el oficialismo y para quienes rodean a Milei: si la grabación salió de un circuito protegido, el problema ya no será solo el contenido de las voces, sino la fragilidad de los mecanismos que debían impedir que terminara en manos del público.
