El Ministerio de Hacienda defendió este martes el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas el 9 de marzo de 2021 y sostuvo que la operación cumplió plenamente con las reglas y con todos los controles administrativos, técnicos y judiciales previstos. La respuesta llega mientras el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero en la causa sobre la ayuda pública a la aerolínea.
Hacienda insistió en que el expediente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, conocido por sus siglas FASEE, pasó por un proceso reglado, con servicios técnicos de la SEPI, asesoramiento financiero y jurídico externo y autorización final del Consejo de Ministros. El departamento subrayó que no había margen para arbitrariedad política ni discrecionalidad, y añadió que las reglas del fondo se aplicaron de forma correcta desde el principio.
La cartera que dirige Hacienda sostuvo además que, según los informes técnicos incorporados al expediente, Plus Ultra reunía los requisitos para recibir el apoyo. Entre ellos figuraban tener su domicilio social y su actividad principal en España, no encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Esos criterios eran la base para acceder a un fondo creado en plena pandemia de COVID-19, cuando el golpe sobre el sector aéreo fue especialmente severo.
La pieza clave del expediente fue el análisis de DC Advisory, que concluyó que, sin apoyo público, la compañía habría dejado de operar o habría afrontado graves dificultades operativas. Según ese informe, la desaparición de la aerolínea habría tenido un impacto negativo relevante sobre la actividad económica y el empleo. También consideró viable su continuidad futura gracias a un plan de negocio y a un calendario de devolución que calificó de razonable.
El nombre de Zapatero ha entrado ahora en la investigación porque Calama, en su auto, dijo que el expresidente habría participado en una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” vinculada al rescate de la aerolínea. La causa también examina el supuesto cobro de comisiones por trabajos de intermediación relacionados con la operación. Esa línea de investigación ha devuelto al centro del debate un expediente que ya había sido revisado por varias instancias y que, hasta ahora, había superado distintos filtros sin que se apreciaran irregularidades.
El recorrido del caso es largo. El expediente pasó por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por la Fiscalía, por peritos judiciales, por la Intervención General del Estado y por el Tribunal de Cuentas. Este último señaló en un informe publicado en septiembre de 2024 que SEPI aplicó correctamente las normas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de las condiciones de financiación del FASEE. Antes, la Comisión Europea había examinado el expediente tras una denuncia presentada en Bruselas y no encontró irregularidades.
Además, en junio de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el régimen de ayudas del FASEE al considerar que respondía al interés común de la Unión y respetaba el principio de proporcionalidad. Ese respaldo europeo reforzó una arquitectura legal que Hacienda describió como muy tasada, con mecanismos de salvaguarda y sin espacio para decisiones caprichosas. La defensa del expediente, por tanto, no se limita a la revisión interna: también se apoya en pronunciamientos europeos y de órganos de control español que ya habían validado la operación.
La tensión del caso está ahora en otro punto: si la investigación penal logrará demostrar una red de influencias y eventuales comisiones en una operación que, sobre el papel, había superado todos los controles. Para Hacienda, los papeles ya habían hablado. Para el juez, en cambio, aún quedan por aclarar las posibles conexiones personales y el alcance real de la intermediación en el rescate de Plus Ultra.
