Pedro Sánchez abrió este miércoles la sesión de control reafirmando su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, en una jornada marcada por el revuelo político en torno al auto del juez Calama sobre el rescate de Plus Ultra. La bronca llegó al hemiciclo con una frase de Gabriel Rufián que condensó el desconcierto: «Yo estoy jodido».
Rufián fue todavía más lejos y resumió así su incomodidad: «Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor». Después añadió que siente «enorme afecto» por Zapatero, en una defensa que, por el peso del propio auto, resulta difícil de sostener con ligereza. El documento judicial, de 85 páginas, investiga un presunto caso de tráfico de influencias ligado al rescate de Plus Ultra y recoge movimientos de 730.535 euros desde Análisis Relevante, 524.707 euros desde Gate Center y 693.615 euros procedentes de empresas del grupo Thinking Heads.
Ese detalle explica por qué la reacción de este miércoles fue tan áspera. El texto sitúa el caso en un terreno que no tiene que ver con Irak, Estados Unidos ni derechos humanos, sino con una investigación económica y societaria que ha sacudido a antiguos aliados y adversarios por igual. Thinking Heads lleva años trabajando como representante de políticos que dan conferencias por todo el mundo, y Gate Center figura como un think tank gestionado por esa misma compañía, un dato que el auto incorpora mientras la controversia política sigue creciendo.
Sánchez intentó separar a Zapatero del ruido con una defensa frontal y recordó que «Zapatero no nos metió en una guerra ilegal». Feijóo eligió el camino contrario y subió el tono con una acusación directa: «Solo hay que leer el auto para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir». El líder del PP repitió conceptos que ya había usado antes, pero su deducción no aparece formulada así en el auto. La distancia entre lo que el texto judicial describe y lo que la oposición le atribuye se ha convertido en el centro de la disputa.
La escena de este miércoles no puede leerse aislada. Llega después de otras investigaciones que han erosionado al entorno socialista, con los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán todavía en el trasfondo del debate político. Ahora, el auto de Calama empuja a todos los partidos a decidir si tratan el asunto como una derivada judicial más o como un nuevo golpe a la credibilidad del Gobierno. Para Zapatero, el coste ya es visible: defenderlo en público se ha vuelto una tarea áspera incluso para quienes, como Rufián, le profesan afecto personal.
