El juez federal Raúl Arias Marxuach desestimó con prejuicio el martes la demanda por $35 millones que Elías Sánchez Sifonte y Valerie Rodríguez Erazo presentaron en 2020 contra Josué “Jay” Fonseca Aponte, Telemundo, NBC y el productor Antonio Mojena Zapico. La decisión cerró un caso que el tribunal había intervenido repetidamente durante 15 meses.
Marxuach concluyó que los demandantes no completaron la entrega de evidencia necesaria para sostener sus reclamaciones de difamación ni sus pedidos por ingresos reducidos. También ordenó que pagaran las costas de los demandados, eliminó a los peritos que habían anunciado y les quitó la posibilidad de reclamar $30 millones en daños económicos de los $35 millones solicitados.
El pleito había comenzado en el tribunal estatal de Florida antes de pasar al foro federal tras una victoria temprana de los demandados. Desde entonces, el caso se convirtió en una disputa procesal larga y accidentada en Puerto Rico, donde el tribunal tuvo que celebrar una vista, fijar plazos para la producción de documentos e involucrar a un magistrado para tratar el incumplimiento de los demandantes.
La tensión en el expediente quedó expuesta en la salida de Raymond Sánchez Maceira, abogado local de los demandantes, quien dijo que se retiraba por un “conflicto irreconciliable” con los dos abogados externos. También atribuyó su decisión al “incumplimiento continuo de las órdenes del tribunal”.
En un escrito posterior, Luis Frank Navarro y Lorenzo Palomares Starbuck, quienes iniciaron el caso en Florida, dijeron que el litigio era “compleja” y que “una porción sustancial” de su trabajo no había sido compensada. Afirmaron además que los clientes “no han sido participantes pasivos en el manejo de su causa” y que, cuando un cliente abogado no coopera o retrasa información, las dificultades procesales reflejan responsabilidad compartida, no solo del abogado. En su propia denuncia pública, Sánchez Sifonte y Rodríguez Erazo sostuvieron que buscaban “proteger su integridad y su reputación ganada con tanto esfuerzo” frente a lo que describieron como “periodismo antiético”.
Con la desestimación de martes, el tribunal no solo cerró la demanda: también dejó claro que, después de meses de advertencias, plazos y sanciones, se le acabó el tiempo a la indulgencia.
