El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria, el informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Se trata de un dictamen complementario al que ya había emitido el 12 de diciembre de 2025, después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes enviara una nueva versión del texto para su segunda revisión.
La decisión despeja un paso que llevaba más de un mes y medio bloqueado en el órgano de gobierno de los jueces y permite a la ley volver a avanzar tras varios retrasos acumulados en su tramitación. Ana Redondo había explicado que correspondía al consejo general del poder judicial valorar en esta segunda lectura “si el proyecto se adecua completamente a la legislación vigente y no hay ningún tipo de motivo de controversia en cuanto a la conciliación con el resto del ordenamiento jurídico”. También dijo que esperaba una resolución “de días” porque el texto seguía pendiente en el órgano judicial desde hacía más de un mes y medio.
El nuevo informe llega en un momento en que la futura norma se ha convertido en una pieza política delicada dentro del Gobierno. La iniciativa pretende incorporar un tipo penal propio en el Código Penal para proteger a las madres víctimas de esta violencia, además de contemplar supuestos que afecten a personas con discapacidad y a otros familiares. Redondo ha destacado que España será el primer país en elaborar una ley específica contra la violencia vicaria, una afirmación que el Ejecutivo ha usado para subrayar el alcance de la propuesta.
Pero la redacción no avanzó sin fricción. En febrero, organizaciones de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y de la Violencia de Género Institucional advirtieron de que el anteproyecto configuraba un delito neutro, sin distinción entre hombres y mujeres. Esa crítica encajó con otra objeción que después puso el foco en el régimen de visitas de los condenados por violencia de género. Sira Rego calificó de “inaceptable” que el borrador permitiera al agresor mantener contacto con hijos víctimas de violencia vicaria o de género, y el 5 de mayo avanzó que ese régimen quedaría más definido en la futura ley contra la violencia vicaria.
La ministra de Juventud e Infancia y Redondo insistieron el 8 de mayo en que sus equipos trabajaban de forma coordinada para impulsar tanto la normativa de infancia como la de violencia vicaria. Rego lo resumió después en una frase muy clara: “En relación al régimen de visitas, claro, esto se va a trabajar paralelamente en la ley de violencia vicaria. Es ahí donde va a quedar más definido”. En paralelo, los ministerios implicados, junto con Justicia, retomaron conversaciones para cerrar una redacción más precisa. Redondo también defendió que, “cuando un proyecto llega al Consejo de Ministros, ese proyecto es de todas”, en un intento de blindar la reforma frente a las diferencias internas.
La aprobación unánime del informe no cierra el debate, pero sí mueve la ley fuera del atasco en el que había quedado. El siguiente paso será convertir esa revisión técnica en un texto capaz de sostener, a la vez, la protección penal específica que busca el Gobierno y una regulación más concreta de los puntos que más resistencias han generado, sobre todo el contacto de los agresores con los menores.
