Félix Bolaños cerró filas este martes con José Luis Rodríguez Zapatero y dijo que confiaba en él, que estaba orgulloso de la labor que hizo en su gobierno y que encarna valores que respeta. La respuesta llegó enseguida desde Cayetana Álvarez de Toledo, que defendió que la Justicia funciona pese a las “burdas y obscenas presiones” que, a su juicio, recibe, y que el expresidente socialista recién imputado tiene derecho a la presunción de inocencia.
Álvarez de Toledo fue más lejos y reclamó que también se recuerde la trayectoria de Zapatero. Citó expresamente que, como Francisco Camps y Rita Barberá, merece ese mismo trato procesal, y sostuvo que Barberá fue destruida. Pero, al mismo tiempo, cargó contra el legado político del exjefe del Ejecutivo: dijo que inauguró la política del muro, reabrió las heridas de la Guerra Civil y alentó la polarización.
El cruce tuvo lugar en un momento en que el nombre de Zapatero vuelve a aparecer rodeado de ruido judicial y político por el caso Plus Ultra. Un juzgado de Madrid abrió diligencias tras una denuncia de Vox para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en el rescate de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por Sepi. Esa ayuda fue archivada en 2023 por el vencimiento de plazos procesales.
La discusión, sin embargo, no se limita a la letra de un expediente. El intercambio entre Bolaños y Álvarez de Toledo convirtió la causa en una disputa sobre la memoria política de Zapatero y sobre si la investigación judicial que lo rodea puede separarse de su papel en la vida pública española. En ese terreno, ambos lados hablaron de principios, pero con conclusiones opuestas: el ministro apeló a la confianza y a los valores del expresidente; la dirigente del PP insistió en que la Justicia debe actuar sin presiones y que el balance del dirigente socialista está marcado por la división.
El caso ganó más peso este 11 de diciembre de 2025, cuando la UDEF detuvo a Julio Martínez y a Roberto Roselli tras registrar la sede de la compañía en una investigación distinta, centrada en un supuesto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal que se sigue bajo secreto de sumario. Esa línea no es la misma que la del expediente por el rescate, pero devuelve a Plus Ultra al centro del debate y alimenta la presión política sobre una trama que ya había quedado archivada por razones procesales.
Lo que queda ahora es una doble batalla. Por un lado, la judicial, con una causa sobre el rescate que volvió a encenderse tras la denuncia de Vox y con otra investigación reservada por blanqueo y fraude fiscal. Por otro, la política, donde el nombre de Zapatero sigue siendo un campo de choque: para Bolaños, un expresidente respetable y valioso; para Álvarez de Toledo, una figura a la que se le debe la presunción de inocencia, pero también una revisión severa de su legado.
