Morena anunció que va a promover un Juicio Político contra la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, a quien acusa de haber violado la soberanía nacional y de propiciar el intervencionismo extranjero. El planteamiento fue hecho durante la semana que terminó en la capital de Chihuahua, donde también se esperaba para la tarde del sábado una movilización social en respaldo de esa postura.
La movida se dio con Ariadna Montiel acompañada por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, en un mensaje que colocó a la mandataria estatal en el centro de una disputa que ya subió de tono. Morena no solo señaló que Campos habría permitido una intromisión externa, sino que también dijo que ella supuestamente sabía de la presencia de elementos de la CIA en una operación de la Fiscalía estatal para desactivar un laboratorio de metanfetamina en la sierra de Chihuahua, muy cerca de la frontera con Sinaloa y Durango. La acusación apunta a un episodio que, por su naturaleza, mezcla seguridad, soberanía y política local en una sola pieza de conflicto.
El expediente político no se explica sin la cancha legislativa. En el Congreso de Chihuahua, el PAN tiene 13 diputados y el PRI 3, para un bloque de 16; Morena cuenta con 12 legisladores, mientras que el PT y el Verde suman 2 y 2, suficientes para empatar con sus aliados en 16. En ese tablero, Movimiento Ciudadano, con 2 diputados, podría terminar inclinando la decisión si el caso avanza en el ámbito local.
Guillermo Ramírez sostuvo que el artículo 110 de la Constitución habla de una declaración de procedimiento y que una determinación del Congreso federal sería “meramente declaratoria”. También dijo que debe respetarse la soberanía de los estados, una lectura que coloca límites jurídicos al intento de Morena, aunque el partido gobierna con mayoría en las cámaras federales de Diputados y Senadores. La petición, además, puede iniciarse tanto en el Congreso local como en el federal, pero el peso real de la decisión parece seguir atado a Chihuahua.
Ahí está la fricción central del caso: Morena quiere convertir una acusación de alcance nacional en un juicio político, pero la discusión podría resolverse en un Congreso estatal dividido, donde ninguna bancada tiene control suficiente por sí sola. Mientras avanza la versión política de los hechos, las investigaciones siguen abiertas y el señalamiento sobre la supuesta presencia de la CIA en una operación antidrogas seguirá marcando el pulso de una confrontación que ya no es solo entre partido y gobernadora, sino entre la mayoría federal de Morena y el límite legal que impone el estado.
