El Gobierno presentó su plan de seguridad ante la Cámara de Diputados en Chile y, tras la exposición, especialistas reconocieron avances en el diagnóstico, pero advirtieron que la estrategia todavía no muestra la fuerza necesaria para enfrentar el crimen organizado. Luis Toledo y Ulda Figueroa coincidieron en que el texto identifica ámbitos sensibles, aunque sigue corto frente a la magnitud del problema.
Toledo valoró que el Ejecutivo haya puesto en el centro áreas como inteligencia criminal, cárceles y control territorial. Dijo que el diagnóstico apunta correctamente a fenómenos que hoy golpean de forma crítica la seguridad pública y subrayó que el crimen organizado ya no puede leerse como un fenómeno emergente en Chile. “Hay un reconocimiento explícito de que el crimen organizado requiere capacidades distintas a las tradicionales, especialmente en inteligencia, control y análisis del crimen, control penitenciario, recuperación territorial y coordinación”, afirmó.
El especialista agregó que las estructuras criminales ya tienen capacidad de control territorial y uso sistemático de violencia extrema, lo que obliga a reformas mucho más profundas en persecución penal, inteligencia criminal, sistema penitenciario y coordinación. También resumió su impresión sobre el alcance del documento: “Contiene algunas herramientas, pero cuesta todavía verlo como una estrategia suficientemente robusta para el nivel de prioridad que el propio Gobierno le atribuye a la seguridad”.
Figueroa fue más directa al evaluar la arquitectura del plan. Sostuvo que los ejes presentados sí constituyen un plan, porque fijan ámbitos de acción y algunos objetivos, aunque mejor definidos en unos casos que en otros. Sin embargo, marcó una debilidad central: no existe una referencia explícita a la Política Nacional de Seguridad Pública vigente desde el año pasado, que es el marco con el que comparó la propuesta oficial.
“Uno de los principales debilidades de los ejes que se presentaron es que no hay una referencia explícita a dos indicadores de gestión que están establecidos en esa política: cómo cada uno de estos planes se va a hacer cargo de disminuir la victimización y de disminuir la percepción de inseguridad”, señaló. Para la experta, ese vacío no es menor porque deja abierta la pregunta sobre cómo se medirá el impacto real del plan y no solo su despliegue administrativo.
El debate, en el fondo, deja una tensión clara entre el reconocimiento del problema y la capacidad para responderle. Los especialistas valoran que el Ejecutivo haya puesto sobre la mesa inteligencia criminal, control penitenciario, recuperación territorial y coordinación institucional, pero advierten que el principal déficit sigue siendo la falta de transformaciones estructurales para enfrentar una criminalidad organizada que ya opera con otras lógicas. Si el plan quiere estar a la altura del diagnóstico que presenta, tendrá que demostrar pronto que algo más que prioridades generales puede convertirse en capacidad efectiva del Estado.
