El Tribunal Supremo ha pedido al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Luis Pérez, conocido como Alvise, para poder investigarlo por la presunta revelación de secretos y por acoso a dos eurodiputados que fueron sus compañeros de lista en las elecciones europeas de 2024. La petición, firmada este miércoles por el juez Manuel Marchena, abre el tercer suplicatorio que el alto tribunal remite a la Cámara europea contra el líder de Se Acabó La Fiesta.
Los afectados son Diego Solier y Nora Junco, que concurrieron con Alvise en 2024 y después abandonaron la formación. Ambos presentaron una denuncia por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales tras distanciarse del dirigente. El Supremo investiga ahora unas declaraciones hechas por Pérez en un pódcast, en las que animó a sus seguidores a perseguir y acosar a los dos eurodiputados. En esa intervención, dijo: “Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que grita”.
Marchena sostuvo en su resolución que Pérez no se limitó a expresar una opinión en un debate político. Añadió que los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas “desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad”. La solicitud inicia el llamado suplicatorio, el trámite que necesita el Supremo para actuar contra un cargo electo con inmunidad.
La decisión llega en un momento en que el eurodiputado ya tiene otros frentes abiertos ante la justicia. El Supremo ha tramitado otro suplicatorio por una supuesta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para financiar la campaña de SALF en las últimas europeas, y también un tercero para investigar el presunto hostigamiento en redes a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Ese último suplicatorio fue aprobado por el Parlamento Europeo a finales de abril.
Además, la Cámara europea tiene previsto pronunciarse la próxima semana sobre la petición relacionada con la financiación supuestamente irregular. En paralelo, el Supremo mantiene causas abiertas contra Alvise por la difusión de un falso test de covid de Salvador Illa y por unas presuntas amenazas a José Ignacio Landaluce. El nuevo movimiento judicial vuelve a colocar a Pérez en el centro de una secuencia penal y parlamentaria que ya no depende solo de sus mensajes, sino de la respuesta que dé Bruselas a cada uno de los suplicatorios que acumula.
Si el Parlamento Europeo acepta esta vez la petición, el Supremo podrá avanzar en una investigación que ya ha pasado del ruido político al terreno penal. Si la rechaza, el caso seguirá abierto, pero con una protección parlamentaria que por ahora sigue marcando el ritmo de los jueces.
