Algunos contratos de alquiler incluyen cláusulas que permiten el desalojo sin previo aviso ni posibilidad de defensa, una práctica que puede dejar al inquilino fuera de su vivienda antes de cumplir los cinco años mínimos de permanencia garantizados por la Ley de Vivienda. Según los especialistas de Alquilino, esa letra pequeña también puede servir para que el propietario rescinda el contrato de forma unilateral, sin causa justificada y sin que el caso llegue a los tribunales ordinarios.

El problema aparece en el momento de la firma, cuando estas cláusulas abusivas pueden pasar desapercibidas. Más tarde, si el propietario activa la demanda de arbitraje, el inquilino dispone de solo siete días naturales para responder, un margen que deja muy poco espacio para reaccionar y que, según el texto, termina por apartarlo del derecho a apelar ante un juez.

La gravedad de estas cláusulas no se limita al desalojo. El artículo indica que también facilitan que los propietarios ignoren el límite del 3% anual en el aumento del alquiler, una restricción que la Ley de Vivienda marca como referencia para proteger al arrendatario. En la práctica, el contrato firmado puede acabar pesando más que la garantía legal que debería ampararlo.

Cuando el contrato incluye esta cláusula abusiva, el conflicto se traslada a tribunales de arbitraje en lugar de a la vía ordinaria. Ese cambio de foro es decisivo: el procedimiento limita la respuesta del inquilino a siete días naturales y la decisión resultante suele ser difícil de revertir, lo que convierte una firma aparentemente rutinaria en una renuncia casi completa a la defensa judicial.

Alquilino presenta estas cláusulas como una práctica preocupante en el mercado del alquiler, precisamente porque se cuelan en el momento en que menos atención recibe el contrato. La conclusión es clara: para muchos arrendamientos urbanos, el riesgo no empieza cuando llega el conflicto, sino cuando se estampa la firma y una cláusula oculta cambia por completo el equilibrio entre propietario e inquilino.