La Tesorería General de la República comenzó a embargar bienes raíces de personas deudoras del CAE que no regularizaron su situación después de las notificaciones. Las primeras acciones ya se ejecutaron en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y el procedimiento puede avanzar hasta el remate judicial del inmueble si no hay regularización.
El golpe llegó justo cuando el cobro del Tgr Cae volvió a instalarse en la conversación pública por denuncias en redes sociales sobre descuentos y retiros de dinero desde cuentas bancarias. El crédito suma más de 1,2 millones de deudores, un universo que convierte cada medida de cobro en un problema masivo y no en un caso aislado.
La Tesorería dijo que las acciones se extenderán al resto del país durante los próximos días. También advirtió que la estrategia contempla la retención de activos financieros sujetos a cobranza, una vía que ya encendió alarmas entre personas endeudadas y en el Congreso.
Desde el Frente Amplio, Emilia Schneider dijo el sábado que había recibido “cientos de testimonios de situaciones abusivas” vinculadas al proceso. Junto con Constanza Schonhaut y Gael Yeomans, presentó en abril un proyecto para modificar la Ley N° 20.027 y sumar criterios de capacidad económica de la persona deudora antes de seguir con las acciones judiciales. Constanza Martínez fue más lejos y sostuvo que las denuncias sobre cuentas vaciadas son “gravísimas”, al tiempo que acusó al Ejecutivo de actuar con dureza sobre quienes menos tienen.
La disputa deja un punto abierto que ahora pesa más que el anuncio mismo: el gobierno ya puso en marcha la cobranza más dura del CAE, pero la discusión política se concentra en si ese mecanismo puede seguir igual cuando empieza a tocar propiedades, cuentas bancarias y la capacidad real de pago de los deudores. Si no cambia nada, la Tesorería seguirá avanzando región por región y el siguiente paso puede terminar en un remate judicial.
