Pollo Castillo dijo en televisión que terminó pagando más de $20 millones por su deuda CAE después de que un embargo judicial le quitó el dinero que tenía guardado en dólares. La revelación la hizo en Al Borde, donde relató que detectó la medida, llamó a un abogado y a su contador, y luego entendió que ya no tenía ese respaldo para enfrentar el cobro.

La confesión llegó mientras las cobranzas del CAE seguían bajo escrutinio por los casos de cuentas embargadas y por el alcance real del proceso. Castillo no habló de una deuda menor ni de un simple atraso: contó que su carrera de Ingeniería Civil Industrial le costó entre $40 millones y $45 millones porque se demoró un año más en terminarla, y que cuando reaccionó todavía le quedaba cerca de la mitad del saldo por resolver.

“Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer”, explicó al repasar el momento en que vio el embargo. Después dijo que esa noche ya pensaba en repactar o armar un plan de pagos, pero al revisar descubrió que “toda mi platita” ahorrada en dólares, guardada esperando una mejora del tipo de cambio, había sido retirada. “Así que pagué todo el CAE”, resumió. El monto y la forma en que perdió sus ahorros dan una medida concreta de lo que está ocurriendo con la cobranza judicial del crédito.

El caso también expone una contradicción que alimentó la controversia. La medida se había descrito inicialmente como dirigida a personas con sueldos superiores a 5 millones de pesos y con pagos sin regularizar, pero en la práctica terminó alcanzando a todos los deudores. Ese alcance más amplio quedó a la vista en la misma transmisión, cuando Otakin abrió un correo con el asunto “Resolución de cobranza judicial” y mostró un PDF con una demanda que mencionaba un embargo; los demás en el programa le dijeron que ya había sido notificado. Él dijo que aún debía cerca de $2,6 millones y que pensaba pagarlos con dinero de un reality show antes del 15 de julio.

Lo que falta ahora es saber cuántos otros deudores vieron retenidos sus ahorros o sus cuentas en este mismo proceso. El gobierno dijo que revisaría cuántos casos pudieron haber caído dentro de un grupo que no estaba pensado para ser cobrado todavía, pero por ahora el nombre de Castillo deja claro que la polémica ya no se limita a una advertencia administrativa: para algunos, el cobro terminó vaciando cuentas enteras.