El Senado rechazó el 20 de mayo de 2026 la nómina propuesta por el Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. La Sala votó 19 a favor y 12 en contra, pero no alcanzó el quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio que exigía la ratificación.
El golpe recayó sobre tres candidatos: Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel. La futura agencia tendrá facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias en materia de protección de datos personales, por lo que la decisión dejó en suspenso la instalación de uno de los organismos digitales más relevantes impulsados en Chile en los últimos años.
Antes de la votación, los postulantes habían expuesto sus miradas ante las comisiones unidas de Constitución y Economía del Senado. En ese recorrido quedó expuesta la mezcla de perfiles que el Gobierno buscaba: una nómina con experiencia técnica, trayectorias públicas y vínculos con sectores privados, justo el punto que después terminó pesando en el hemiciclo.
Las dudas que trascendieron del debate parlamentario se centraron en posibles conflictos de interés, experiencia previa en sectores regulados y en el equilibrio político-técnico del organismo. Josely Elizabeth Birman Muñoz, propuesta por seis años, llegó con credenciales difíciles de desestimar: ingeniera comercial, magíster en dirección de empresas, certificación internacional DAMA en gestión de datos y reconocimiento en 2025 entre las 50 mujeres líderes en tecnología en Chile. También trabajó en gobierno de datos y transformación digital en Transbank y WOM, y actualmente está en Consorcio Financiero. Su propia idea de que la protección debe hacerse “por diseño y por defecto” quedó en el centro de una discusión que terminó mirando menos los títulos que las suspicacias.
Godoy, propuesto por cuatro años, arrastraba otro tipo de peso. Es abogado con más de 30 años de experiencia en el sector público y tuvo un rol relevante como asesor del Ministerio de Hacienda durante la elaboración y tramitación de la Ley 21.719. En teoría, ese historial lo convertía en una pieza útil para una agencia llamada a fiscalizar y sancionar; en la práctica, el Senado leyó su perfil junto con los demás y no encontró el consenso mínimo para validarlo.
El rechazo no borra el objetivo político de fondo: el país sigue necesitando una autoridad capaz de ordenar el tratamiento de datos personales en un entorno cada vez más expuesto a abusos, cruces de información y nuevas obligaciones regulatorias. Pero sí retrasa de forma relevante la puesta en marcha del organismo y obliga al Ejecutivo a recomponer su estrategia si quiere destrabar una institución cuya creación había avanzado hasta quedar, justamente, en la última puerta.
La votación dejó una señal clara. Cuando la nómina mezcla experiencia pública, trayectoria privada y un mandato regulatorio tan sensible, el Senado no está dispuesto a ratificar por inercia. El próximo paso será volver a presentar nombres que superen esa desconfianza y, esta vez, alcancen los dos tercios que el hemiciclo ya dejó claro que va a exigir.
