La Corte Suprema rechazó esta semana el recurso de nulidad presentado por la defensa de Luis Hernán Barría Alarcón y dejó firme la condena dictada en septiembre de 2025. El exmagistrado recibió 541 días de presidio, pena sustituida por libertad vigilada intensiva, por el delito consumado de abuso sexual propio de mayor de 14 años.
El caso se remonta a agosto de 2018, cuando ocurrieron los hechos al interior de una sala de audiencias del Juzgado de Garantía de Rancagua. La causa penal se prolongó por más de seis años antes de llegar a sentencia definitiva, en un proceso que también abrió un frente administrativo dentro del propio sistema judicial.
Las denunciantes eran funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua, y el relato del proceso da cuenta de una disputa marcada por la asimetría de poder dentro del Poder Judicial. Durante el tiempo que duró la investigación, las víctimas enfrentaron lentitud procesal, cuestionamientos y desgaste humano, en un entorno donde la figura del juez imponía un peso difícil de quebrar.
Ese peso fue precisamente uno de los obstáculos que debieron superar. Las denunciantes lograron romper el miedo reverencial frente a un magistrado dentro de su propio tribunal y llevar adelante una acusación que, según la resolución, no dejó espacio para sostener que hubiera existido una vulneración al debido proceso como alegó la defensa.
En paralelo a la causa penal, la Corte Suprema desarrolló un sumario interno por acoso sexual. En ese procedimiento, el entonces magistrado fue sancionado con suspensión de funciones y reducción de remuneraciones, lo que dejó al descubierto que los hechos de 2018 no solo tuvieron consecuencias penales, sino también disciplinarias dentro de la estructura judicial.
La decisión de la Suprema también cerró una vía de impugnación que la defensa intentó mantener abierta. La resolución descartó cualquier vulneración al debido proceso y consolidó una sentencia que ya había quedado firme en septiembre de 2025, aunque algunas situaciones del caso quedaron fuera de persecución penal por prescripción de antecedentes.
Lo que permanece ahora es la lectura más amplia del expediente: un caso de abuso y poder ocurrido dentro de un tribunal, sostenido durante años por el silencio, el desgaste y la jerarquía, y finalmente confirmado por el máximo tribunal del país. En el Poder Judicial, la condena ya no depende de otra revisión: quedó cerrada.
