La negociación por el salario mínimo entró en una fase más visible este 5 de mayo y, hasta ahora, el Gobierno ha elevado su oferta desde poco más de $7.000 a $14.000, una mejora que dejaría el ingreso base en $553.553. La discusión ya no gira solo en torno a cuánto subir, sino a cuánto puede resistir una economía que llega a esta mesa con inflación, alzas de combustibles y mayores costos laborales acumulados.
La CUT, en cambio, empuja por un reajuste de 18,3% para llevar el piso a $637.700. Para Nelson Venegas, la distancia entre ambas posturas muestra una contradicción difícil de ignorar: mientras suben los combustibles por el sistema MEPCO y eso presiona los precios, la propuesta oficial se mantiene por debajo del IPC. Su lectura deja expuesto el choque entre el alivio inmediato de los hogares y la cautela fiscal y empresarial que domina la negociación.
El Gobierno sostiene que su prudencia responde a un cuadro más amplio. A la futura alza del salario mínimo se suman mayores cotizaciones pagadas por los empleadores tras la reforma previsional, el efecto de la ley de 40 horas y otros costos laborales ya acumulados. Vicente Abrigo defendió esa mirada al señalar que la decisión debe leerse “al contexto inflacionario reciente. Pero eso no significa necesariamente que resuelva la presión que muchas familias sienten respecto al costo de vida, especialmente en gastos como vivienda, transporte y servicios”.
En el centro de la discusión también aparece el impacto real sobre las empresas. Claudio Aguilera advirtió que el ajuste no se queda en la remuneración mensual, porque arrastra gratificaciones, horas extra y cargas sociales que multiplican el costo final. “El ajuste no viene solo, arrastra gratificaciones, horas extra y leyes sociales que multiplican el costo real”, dijo, antes de agregar que cuando el salario mínimo sube y la economía no crece, el costo de mantener a un trabajador bajo regla se vuelve muy difícil de sostener para algunas empresas. A ese escenario lo llamó una tendencia técnica de “informalidad por asfixia”.
Del lado oficial, la respuesta pone el foco en productividad. Abrigo resumió el dilema con una frase breve: “El desafío es aumentar la product”. La negociación, entonces, no solo enfrenta dos cifras, sino dos diagnósticos sobre el mismo país: uno que prioriza el ingreso de los trabajadores frente al costo de la vida, y otro que teme que un alza más agresiva termine golpeando el empleo formal y empujando a más empresas al límite.
Lo que ocurra en los próximos días marcará el tono de la política laboral de este gobierno. Si la oferta se acerca a la meta de la CUT o si se mantiene cerca de los $14.000, el desenlace dirá hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo en una conversación que, desde el 5 de mayo, quedó amarrada a la inflación, los precios de los servicios y la presión que ya sienten los bolsillos de miles de familias.
