El Tribunal Supremo del Reino Unido decidirá este miércoles en Glasgow una disputa sobre Rogano, el restaurante más antiguo de la ciudad, cerrado desde la pandemia y convertido en un caso clave para Amancio Ortega por la propiedad del edificio en el que operaba. La vista se celebra fuera de Westminster de manera excepcional, en un pulso que enfrenta al inquilino con Pontegadea, la sociedad patrimonial del empresario gallego.
Forthwell Limited, la empresa que gestionó Rogano y que está vinculada al empresario local de la noche James Mortimer, reclama 789.000 libras a Pontegadea. Sostiene que el cierre de 2020, impuesto por las restricciones sanitarias contra la covid-19, dejó al local en una situación irreversible después de que filtraciones y una inundación causaran graves daños estructurales durante el periodo de inactividad. A eso se sumó un incendio eléctrico provocado por el agua, que dejó la instalación inutilizable y sin calefacción.
La dimensión del caso va más allá de un contrato comercial. Rogano llevaba décadas siendo un punto de encuentro en Glasgow y fue frecuentado por Elizabeth Taylor, Mick Jagger y Kylie Minogue, una reputación que explica por qué su cierre sigue pesando en la ciudad. El local cerró en 2020, pero la disputa legal arrancó mucho antes: el arrendamiento original se firmó en 1996 y pasó al actual inquilino en agosto de 2013. Desde entonces, las dos partes discuten quién debía responder por los daños y si el agua entraba o no en los riesgos cubiertos por la póliza.
Forthwell afirma que Pontegadea incumplió sus obligaciones como arrendador y que el contrato exigía al propietario mantener el seguro y reconstruir de inmediato cualquier zona dañada por un riesgo cubierto. Pontegadea, por su parte, sostiene que Forthwell no tiene legitimación legal para reclamar daños. En primera instancia, el Tribunal Superior de Escocia dio la razón al inquilino, pero el Tribunal de Apelación aceptó después el recurso de Pontegadea. Ahora será el Supremo británico el que cierre esa grieta jurídica, con una decisión que puede fijar hasta dónde llega la responsabilidad del dueño de un inmueble cuando un cierre forzoso acaba en ruina material.
