Óscar Fernández Calle defendió este martes en su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura el acuerdo de gobierno entre PP y Vox y detalló cómo se aplicará el principio de preferencia nacional en las ayudas sociales y de vivienda. El responsable de Vox sostuvo que la coalición tiene una duración cerrada de cuatro años si se cumple con rigor y dejó una idea repetida varias veces en su intervención: lo que une a ambos partidos “está negro sobre blanco”.
Fernández Calle situó el nuevo criterio en el corazón de la acción del Ejecutivo autonómico. Dijo que los servicios sociales “deben ser gestionados con rigor, justicia y responsabilidad” y rechazó lo que describió como “un sistema opaco, desordenado y vulnerable al fraude”. La prioridad, añadió, debe ir “a quienes sostienen esta comunidad”, con una asignación preferente de recursos a quienes acrediten “un arraigo real, duradero y verificable”.
El esquema anunciado por el Gobierno de PP y Vox en Extremadura utilizará criterios como arraigo, empadronamiento no fraudulento, vinculación con el territorio, historial de aportación, permanencia y contribución al sistema para conceder ayudas sociales y de vivienda. Esa regla se desarrollará dentro de la ley vigente y con parámetros “claros y objetivos”, según defendió Fernández Calle, que resumió el principio con otra frase de fuerte carga política: “los extremeños y los españoles primero”.
Entre las medidas concretas, el empadronamiento será uno de los filtros, se creará una unidad específica para comprobar la residencia real y la Junta impulsará la cooperación con los ayuntamientos para desactivar redes de viviendas hacinadas y pisos patera. Fernández Calle fue tajante al fijar el alcance del sistema para las personas en situación irregular: “quienes estén en situación irregular no accederán a prestaciones y servicios sociales estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital”.
El dirigente de Vox sostuvo además que el principio de preferencia nacional ya se ha extendido a otras comunidades autónomas, como Aragón, y enmarcó la medida como una respuesta a lo que considera abusos del sistema. “Vamos con todo contra quienes se aprovechan del sistema”, dijo ante los diputados. La propuesta forma parte del pacto PP-Vox en Extremadura, presentado por la Junta como una herramienta contra el fraude y la migración irregular y no como una ruptura del marco legal vigente.
El mismo acuerdo incluye un refuerzo de las ayudas a la natalidad, con una deducción en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.200 euros por el tercero y los sucesivos durante tres años. También amplía la deducción por compra de material escolar y prevé una nueva ley de familia para impulsar la natalidad y prestar atención especial a las familias numerosas y a las que tienen personas dependientes.
En ese bloque familiar, Fernández Calle defendió que los niños necesitan protección, pero que la responsabilidad recae en las familias. “Deben contar con apoyo, pero los niños son de sus padres, no del Estado”, afirmó. La agenda del pacto también incluye un objetivo de política juvenil centrado en dar estabilidad, oportunidades y facilidades en vivienda, formación y transporte, además de una batería de medidas de desregulación para acelerar y simplificar la administración. La Junta revisará todos los procedimientos de sus departamentos.
La clave ahora no está en el anuncio, sino en la aplicación. El pacto de PP y Vox ya fijó la prioridad nacional en Extremadura, y la intervención de Fernández Calle dejó claro que el Gobierno autonómico quiere convertirla en criterio operativo para las ayudas sociales y de vivienda, con especial vigilancia sobre la residencia real y sobre los supuestos de fraude. El debate que llega a partir de aquí es si esa arquitectura administrativa podrá sostenerse sin chocar con su propia promesa de rapidez y simplificación.
