La Generalitat de Catalunya ha comprado 1.094 viviendas propiedad de InmoCaixa por un importe cercano a los 90 millones de euros, una operación aprobada por el consejo del Institut Català del Sòl, Incasòl, y que amplía el acuerdo anunciado a finales de 2025. El paquete final suma 30 viviendas más de las previstas al principio e incluye también 1.014 plazas de aparcamiento y 239 trasteros repartidos en 14 municipios catalanes.
La operación se extiende por Barcelona, Sitges, Sant Just Desvern, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Terrassa, Mataró, Lleida, Tarragona, Sabadell, Olot y Tordera, entre otras localidades. Solo en Sitges se incorporan 192 pisos; en Barcelona, 186; en Sant Just Desvern, 120; y en L’Hospitalet de Llobregat, 112. Para el Govern, no se trata solo de sumar activos: es una vía rápida para aumentar el parque público y avanzar en el Plan 50.000, la estrategia con la que intenta ampliar la oferta de vivienda asequible en un mercado cada vez más apretado.
La compra confirma una línea que InmoCaixa inició en 2021, cuando empezó a desprenderse de forma gradual de parte de su cartera residencial, priorizando las ventas a administraciones públicas y a sus propios inquilinos. Antes de este nuevo paso, la Generalitat ya había cerrado compras de 450, 214 y 179 viviendas a la misma entidad, de modo que los acuerdos entre el Govern e InmoCaixa se acercan ya a las 2.000 viviendas incorporadas al stock público catalán en pocos años.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había descrito el anuncio de noviembre pasado como «la mayor compra hecha nunca» por el Govern en el ámbito residencial, y advirtió de que muchas de esas viviendas estaban cerca de perder su protección. La nueva aprobación en Incasòl consolida esa apuesta por captar viviendas ya construidas en lugar de esperar a promociones nuevas, una diferencia que en Barcelona y su área metropolitana pesa especialmente porque la oferta asequible sigue siendo escasa y los alquileres continúan bajo presión. La compra busca precisamente eso: mantener rentas asumibles y dar estabilidad a los inquilinos actuales.
La clave ahora no es si la Generalitat quiere seguir por esa vía, sino hasta dónde podrá estirarla. Con esta compra, el Govern convierte una estrategia que antes parecía puntual en una herramienta central de su política de vivienda, y deja claro que seguirá recurriendo a grandes operaciones con el sector privado para ganar tiempo en un mercado que no espera.
