Kiko Rivera entró en Cantora el 17 de abril a la fuerza, sin usar llaves, y rompió con una radial la cerradura de la puerta principal y varias del garaje. Lo hizo días antes de volar a Gran Canaria para reencontrarse con su madre, Isabel Pantoja, tras seis años sin hablarse. A la salida, el hijo de la tonadillera defendió que aquello era suyo y zanjó la discusión con una frase que sonó a aviso: “las mudanzas es lo que tienen”.
El episodio ha abierto un frente delicado alrededor de Cantora porque la finca ya no está en el escenario simple de siempre. En febrero, la deuda vinculada a la propiedad fue comprada por un empresario de origen libanés y arrancó un procedimiento de adjudicación que, según la información disponible, deja a Isabel Pantoja y a su hijo fuera de la condición de únicos propietarios. Ese comprador ha dicho que pensaba plantar pistachos para recuperar su inversión con el tiempo, una idea que da la medida de hasta qué punto Cantora se ha convertido en un asunto financiero además de familiar.
La persona que estaba al cuidado de la finca cuando ocurrió la entrada, Almudena Mateos, fue contratada por Isabel Pantoja y Agustín para proteger el inmueble. Tras el incidente dijo sentirse muy mal y añadió que sus empleadores le deben nueve meses de salario, un dato que añade otra capa de conflicto a una historia ya cargada de cuentas pendientes. La escena, en ese sentido, no solo enfrenta versiones sobre quién tenía derecho a entrar, sino también sobre quién responde por lo que pasaba dentro y fuera de la casa antes de que llegara la radial.
Rivera ha sostenido que buscaba recuperar objetos de valor que su madre le había pedido, entre ellos una maleta que unos aseguran que guardaba dinero y otros documentos sobre la propiedad de Paquirri en América Latina. Él insiste en que “en algún momento saldrá la verdad”, mientras la finca queda en el centro de una disputa en la que ya no pesan solo los recuerdos familiares, sino la deuda, la adjudicación y el control real de un patrimonio que cambió de manos en febrero. Semana advirtió que su entrada en la finca podría acarrearle graves consecuencias, y es ahí donde el caso deja de ser una anécdota doméstica: lo que ocurrió el 17 de abril puede terminar teniendo un coste legal que todavía no se ha medido del todo.
El empresario que compró la deuda está consultando ahora con sus abogados qué hacer tras lo sucedido. Y esa decisión dirá si Cantora sigue siendo, como dijo Rivera, “su casa”, o si la pelea por la finca entra ya en una fase mucho más seria que la de las palabras y los cerrojos rotos.
