La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, radicó ante la Legislatura el Presupuesto General de Gastos para el Año Fiscal 2026-2027, un plan consolidado de $33,570 millones que, según informó La Fortaleza, queda cerca de $312 millones por debajo de las proyecciones de ingresos del Plan Fiscal Certificado.
La noche del viernes, la Mansión Ejecutiva divulgó un comunicado con la propuesta, que incluye $13,180 millones del Fondo General y llega con la promesa de reforzar seguridad pública, salud, adultos mayores, infraestructura, tecnología y apoyo a los municipios. González Colón describió el presupuesto como una muestra de buena administración y de una nueva visión de planificación fiscal enfocada en resultados, disciplina presupuestaria y prioridades reales para la gente.
El detalle del presupuesto pone cifras concretas a esas prioridades. La propuesta asigna $44 millones para actualizar las escalas salariales del personal de rango de la Policía de Puerto Rico y $15.6 millones para adquirir equipos de seguridad. También reserva $20 millones para garantizar el aumento salarial de oficiales correccionales y otros $20 millones para fortalecer el Programa de Amas de Llaves.
En infraestructura, el documento incluye $25.5 millones para repavimentar carreteras. En tecnología electoral, destina $15 millones para modernizar el sistema de escrutinio. Para el área de salud, contempla $23.7 millones para reforzar el sistema Medicaid y las capacidades tecnológicas del MMIS, mientras que para garantizar el servicio de transportación marítima de Vieques y Culebra se asignan $11.1 millones.
El plan también reserva $103.9 millones para mitigar riesgos operacionales. Fortaleza indicó que el presupuesto incorpora controles fiscales y reservas presupuestarias dirigidas a enfrentar riesgos relacionados con Medicaid y otros programas federales, en momentos en que la propia gobernadora mencionó un aumento de 5% en los costos de ese programa.
Ese punto explica por qué el margen fiscal sigue tan vigilado. El gobierno cuenta con cerca de $102 millones correspondientes al Año Fiscal 2026 para atender posibles riesgos relacionados con Medicaid y otros $235 millones del Año Fisal 2025 para el mismo fin, una combinación de fondos que busca evitar que cualquier presión adicional desordene el gasto durante el próximo ciclo presupuestario.
La radicación del presupuesto abre ahora el turno de la Legislatura, que tendrá que evaluar si la distribución propuesta responde a las prioridades que el Ejecutivo dice haber puesto por delante y si los números sostienen la meta de mantener el gasto bajo control sin abrir nuevos huecos en programas esenciales. La respuesta más clara que deja el documento es que el gobierno optó por un presupuesto con reservas, no por uno al límite.
