Las principales organizaciones representativas del taxi han iniciado formalmente ante la Seguridad Social los trámites para pedir que sus profesionales puedan jubilarse de forma anticipada entre los 60 y los 61 años. La solicitud, respaldada por ATA, ANTAXI, UPTA y Ugt, reclama la aplicación de coeficientes reductores, un mecanismo que ya se aplica a otros colectivos considerados de riesgo.
Julio Sanz defendió que la petición responde a una reivindicación histórica del sector y que se apoya en la penosidad y peligrosidad de una profesión marcada por jornadas extensas, trabajo nocturno, sedentarismo prolongado, posturas forzadas y exposición constante a ruidos, humos y enfermedades respiratorias. A esa lista sumó el estrés de la conducción continuada y la inseguridad ante posibles atracos o episodios de violencia.
Sanz sostuvo que no resulta beneficioso ni para el profesional ni para la seguridad vial que personas de edad avanzada sigan haciendo jornadas de conducción profesional de servicio público. El sector, añadió, está dispuesto a asumir un incremento razonable de sus cuotas a la Seguridad Social para hacer viable la medida. “No estamos pidiendo nada gratis”, dijo, y subrayó que tanto autónomos como asalariados están preparados para aportar más y financiar un retiro digno y seguro.
La iniciativa llega después de que hace un año se modificara el Real Decreto que regula estos coeficientes reductores, un cambio que el sector interpreta como la base jurídica para activar ahora la petición. Sin embargo, las organizaciones denuncian una barrera técnica y un preocupante silencio administrativo que, según su queja, está frenando la tramitación.
La presión sobre la Seguridad Social no se limita al taxi. En octubre, organizaciones del transporte por carretera y de autobuses presentaron solicitudes similares y tampoco obtuvieron respuesta, un precedente que ha alimentado la inquietud entre los representantes del sector. El taxi insiste en que su caso no pide un trato excepcional, sino la misma herramienta que ya beneficia a mineros, policías o trabajadores del mar cuando el trabajo se considera especialmente duro o arriesgado.
La cuestión de fondo ya está planteada: si la administración desbloquea el expediente, los taxistas podrían abrir una vía real para adelantar su retiro entre los 60 y los 61 años. Si no lo hace, el sector teme que la reforma del Real Decreto quede, por ahora, en un cambio legal sin efecto práctico para quienes llevan años reclamando una salida más temprana y segura del volante.
