La Tesorería General de la República notificó a un empleador que embargará el excedente de 56 Unidades de Fomento de la remuneración de un trabajador deudor del CAE, una suma equivalente a $2.278.941. La medida seguirá vigente hasta que se cubra la deuda asociada al crédito con aval del Estado.
El movimiento pone presión directa sobre la liquidación del sueldo y no solo sobre el deudor. La TGR también pidió al empleador que informe si ese trabajador efectivamente tiene remuneraciones que puedan ser retenidas, porque de ese dato depende la ejecución del cobro y la forma en que se aplicará el embargo.
El caso aparece mientras la TGR acelera su ofensiva de cobranza administrativa del CAE. En las últimas semanas, el servicio notificó a deudores en varias regiones y, en los últimos días, oficializó que en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos ya comenzó el proceso de embargo de bienes raíces para quienes no regularizaron su deuda.
La presión no recae solo en el trabajador. Si el empleador no entrega los antecedentes solicitados por la TGR, podría terminar haciéndose cargo de la deuda; y si no retiene o no remite las sumas ordenadas, quedará solidariamente responsable del pago de lo que dejó de descontar o de enviar al Servicio de Tesorerías. Esa obligación tiene además un plazo preciso: la remuneración retenida debe ser remitida a la TGR dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente.
El punto incómodo para ambas partes es que la Tesorería puede tocar el sueldo, pero la carga administrativa también puede desplazarse al empleador si no cumple con lo que se le exige. El cobro seguirá hasta cubrir la deuda del CAE, y el siguiente paso ya no depende solo del deudor: depende de que la empresa informe, retenga y transfiera a tiempo.
