José Antonio Kast llegó este jueves después de las 15:00 al Teatro Centenario de La Serena para defender una propuesta que ya había encendido a los municipios: eximir a las personas mayores de 65 años del pago de contribuciones en su primera vivienda. Apenas comenzó a hablar en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, la sala respondió con abucheos y gritos.
El choque importa hoy porque no ocurrió en un acto cualquiera, sino en una cita de alcaldes a la que también asistieron miembros del gabinete de Kast, entre ellos José García Ruminot e Iván Poduje, y porque el plan toca directamente la caja de los municipios. En su intervención, Kast pidió respeto, dijo que el municipalismo se toma en serio y remarcó que nadie estaba obligado a quedarse si no quería escuchar. También recordó una reunión que había sostenido semanas antes en La Moneda con más de un centenar de alcaldes del oficialismo y la oposición, como si ese encuentro bastara para contener la molestia que terminó estallando en La Serena.
La discusión quedó reducida a una cuenta concreta. Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, dijo que él y Cristóbal Zúñiga gritaron desde atrás porque Gustavo Alessandri no mencionó los acuerdos alcanzados por los jefes comunales. Toledo calculó después que una rebaja de 1% del Fondo Común Municipal le quitaría a Puente Alto unos $1.500 millones, y añadió que la eliminación de Mepco ha empujado al alza todos los contratos; según dijo, hoy necesita $8.000 millones para servicios ya contratados como áreas verdes, seguridad y aseo domiciliario.
Kast insistió en que podía haber desacuerdo político, pero no falta de escucha. El problema es que esa apelación al diálogo chocó con una protesta abierta de los alcaldes y con una molestia que no se explica solo por las formas: para los municipios, la reforma no es una discusión abstracta sobre alivio tributario, sino un ajuste que puede dejar menos recursos para sostener servicios básicos. Toledo dijo luego que habló directamente con el presidente para explicarle su preocupación. La pregunta que queda ahora es si el gobierno corregirá la propuesta para contener el golpe fiscal que los alcaldes ya están contando en millones.
