La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre inmuebles de deudores del CAE en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y advirtió que el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial de la propiedad si la deuda no se regulariza.
La medida ya está activa y por eso la búsqueda crece hoy: afecta directamente a propietarios que hasta ahora podían ver la cobranza como una presión distante, pero que ahora enfrentan la posibilidad de perder un bien raíz. La Tesorería dijo que los embargos se extenderán al resto del país en los próximos días, en una ofensiva que busca recuperar recursos fiscales y que se suma a otras acciones de cobro, como la retención de activos financieros.
El trasfondo de esta decisión viene desde marzo, cuando el Gobierno redobló los esfuerzos para incentivar el pago de las deudas del CAE, en un contexto en que Jorge Quiroz estimó que la cartera impaga rondaba los $4 billones. La Tesorería, por su parte, ha insistido en que ofrece acuerdos flexibles según el ingreso del contribuyente, con la intención de abrir una vía de regularización antes de que el caso avance a instancias más duras.
Ahí aparece la fricción de fondo: el mismo organismo que está intensificando la cobranza con embargos también mantiene alternativas de pago ajustadas al salario. Para quienes ganan entre $1 millón y $2 millones, la Tesorería indicó que pueden hacer un pago inicial equivalente al menor monto entre 10% de la deuda o $1 millón, y luego cuotas mensuales de 10% del sueldo. Esa combinación deja claro que el margen para evitar la subasta existe, pero depende de que el deudor se ponga al día antes de que la maquinaria siga avanzando.
Por ahora, la pregunta más relevante no es si la Tesorería seguirá presionando, sino cuántos inmuebles quedarán atrapados cuando la medida cruce de estas tres regiones al resto de Chile. Lo que ya está definido es que, si no hay regularización, el camino puede terminar en el remate judicial del inmueble embargado.
