La Fiscalía citará a declarar a Joaquín Lavín Infante en la investigación por el presunto uso indebido de bases de datos del Servel dentro de la plataforma SocialTazk. La diligencia llega después de que los fiscales comprobaran que funcionarios contratados por su hijo en el Congreso trabajaron en las primarias presidenciales de 2021.
El caso pone otra vez bajo presión al exalcalde y excandidato presidencial, porque la indagatoria apunta a una plataforma que, según la Fiscalía, fue financiada con aportes del Congreso Nacional y usada con fines comerciales en campañas electorales de la UDI, incluida la de Lavín Infante en esas primarias. La mención de su nombre no es lateral: los nuevos antecedentes estrechan los lazos entre Joaquín Lavín León y su padre, y abren una nueva arista para una causa que ya golpea de lleno a la familia.
Hoy, Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El perjuicio fiscal se estima en más de 220 millones de pesos, mientras la investigación sigue reconstruyendo cómo funcionó SocialTazk y quiénes la usaron.
La plataforma fue desarrollada por Lavín León junto con su asesor Felipe Vásquez para campañas electorales de la UDI y, según los antecedentes recopilados, prestó servicios a más de 70 candidatos. En 2021, además, siete funcionarios del equipo parlamentario de Lavín León participaron en la campaña de su padre, una coincidencia que ahora la Fiscalía interpreta como parte de una trama más amplia. La frase que Lavín León usó para justificar la estructura —“contar con este recurso”— vuelve a quedar en el centro de una indagatoria que cuestiona no solo el acceso a datos públicos, sino también la forma en que se financió y se utilizó esa red.
La causa también podría alcanzar a María Estela y Juan Pablo Lavín León, dueños de la encuestadora Panel Ciudadano, y a un consejero del Servel, según los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Con la citación de Lavín Infante, la Fiscalía ya no se limita a revisar una plataforma ni un grupo de contratos: está examinando el alcance político, financiero y familiar de una operación que habría conectado recursos del Congreso, campañas de la UDI y bases de datos electorales en tres periodos distintos.
La próxima etapa será escuchar a Lavín Infante y contrastar su versión con los nuevos antecedentes. Si la Fiscalía logra sostener ese cruce, el caso dejará de ser solo una investigación sobre SocialTazk y pasará a leerse como una red de uso político de recursos públicos que ahora alcanza directamente al nombre más visible del clan Lavín.
