El 1 de abril, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al cabo de la Fuerza Aérea de Chile Carlos Pérez Valenzuela por el delito de abuso sexual contra una funcionaria de la misma institución. Tras la audiencia, el imputado quedó sujeto a firma mensual y a una prohibición de acercarse a la víctima mientras avanza la investigación.
La formalización se convirtió en un hito para la denunciante, porque por ahora es el primer paso judicial formal contra un caso que, según su abogado, llevaba demasiado tiempo sin una respuesta efectiva dentro de la institución. Miguel Ángel Yáñez afirmó que esta etapa confirma que los antecedentes reunidos son lo bastante serios como para que el cabo enfrente a la justicia.
“Este paso procesal confirma que los antecedentes reunidos durante la investigación son suficientemente serios para que el imputado enfrente formalmente a la justicia”, dijo Yáñez, quien además sostuvo que los hechos investigados corresponden a “un abuso sexual cometido por sorpresa, conducta prevista y sancionada en el artículo 366 del Código Penal”. Añadió que, a su juicio, no existe hasta ahora “ninguna sanción ni investigación efectiva dentro de la institución a la que pertenece el imputado”, una omisión que calificó de especialmente grave.
El caso quedó abierto en medio de una tensión que la defensa de la denunciante quiere llevar más lejos. Yáñez dijo que cree que los hechos configuran un delito de violación y que espera una nueva formalización bajo esa figura penal. Mientras tanto, la Fuerza Aérea resolvió el retiro absoluto de la denunciante del caso por estrés post traumático, condición que la institución declaró incurable, una decisión que la apartó del proceso en el mismo momento en que la causa penal empezaba a avanzar.
La situación deja una contradicción difícil de ignorar: el cabo sigue en funciones, pese a la formalización, y al ser consultada por su situación actual la FACH respondió que ese tipo de información debía pedirse por Transparencia. En una causa que involucra a dos integrantes de la misma institución, el avance judicial ya existe; lo que sigue sin resolverse es si habrá consecuencias internas a la altura de la gravedad que plantea la denuncia.
