Snap y YouTube habrían alcanzado un acuerdo con un distrito escolar de Kentucky apenas unas semanas antes del juicio en un caso que alegaba que las empresas de redes sociales dañaron a estudiantes mediante aplicaciones adictivas. La noticia, reportada por, llega cuando la primera causa de este tipo que estaba programada para ir a juicio en Estados Unidos se acercaba a su fecha de inicio el próximo mes en Oakland, California.
YouTube dijo que el caso había sido resuelto de forma “amicably resolved” y añadió que seguirá trabajando en “age-appropriate products”. Snap también describió el acuerdo como “amicable”. Las dos compañías aún enfrentan numerosas otras demandas, incluidas causas presentadas por distritos escolares de Nueva York y Seattle, en una ola legal que ha puesto a Tiktok, Meta, Snap y YouTube bajo un mismo foco judicial.
La relevancia del arreglo va más allá de Kentucky porque este caso era el primero programado para juicio entre varias demandas similares presentadas en distintas partes del país. Eso lo convertía en una prueba temprana de cuánto peso podrían tener las acusaciones de que las plataformas diseñaron productos capaces de atrapar a menores y alterar su bienestar escolar.
Snap ya había cerrado este año otra demanda de alto perfil por adicción a redes sociales en Los Ángeles. En ese juicio, el jurado terminó fallando contra Meta y YouTube, una señal de que las empresas no estaban enfrentando solo costos legales aislados, sino un patrón de riesgo que los tribunales empiezan a evaluar con más dureza. Meta, además, fue recientemente obligada a pagar una multa de 375 millones de dólares tras perder un gran juicio civil en Nuevo México sobre sus prácticas de seguridad.
El acuerdo en Kentucky también deja una tensión clara para las compañías: cerrar un caso no significa cerrar el frente judicial. Snap y YouTube siguen expuestas a otros litigios, y el hecho de que este expediente se haya resuelto antes del juicio sugiere que ambas empresas prefirieron evitar lo que podía convertirse en otra sentencia pública sobre la forma en que sus productos interactúan con estudiantes y familias. La pregunta que queda es cuánto tiempo podrán seguir resolviendo estos casos uno por uno antes de que uno de ellos fije un precedente más amplio.
