La Guardia Civil detuvo en Navarra a cinco personas acusadas de formar parte de un grupo criminal que presuntamente se lucraba favoreciendo la inmigración irregular. Entre los arrestados figura una empleada de la Oficina Única de Extranjería de Pamplona, a la que la investigación atribuye un papel fundamental en la trama.
Después de pasar a disposición judicial, un magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 3 de Pamplona ordenó prisión para cuatro de los detenidos. Dos ingresaron en la cárcel con una fianza de 5.000 euros y dos lo hicieron sin fianza, entre ellos la trabajadora de Extranjería, que está de baja. Los otros cuatro arrestados son ciudadanos de China y Marruecos.
La operación se desarrolló esta semana con registros en Pamplona, en Rochapea, en la calle Ventura Rodríguez y en Buztintxuri, además de una intervención en Tiebas. En los arrestos y las entradas participaron el Grupo de Información de la Guardia Civil en Navarra, la Jefatura de Información, el Grupo de Acción Rápida y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Pamplona, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona nº 3.
El caso saltó a la luz el año pasado, cuando un hombre denunció que había entregado 5.000 euros al presidente de la comunidad islámica de un municipio de la Ribera a cambio de tramitar la documentación necesaria para conseguir un permiso de trabajo. Tras pagar y no recibir nada a cambio, presentó una denuncia que desencadenó la investigación. A partir de ahí, la Guardia Civil identificó a un supuesto grupo de cinco personas dedicado a captar migrantes y a mediar en la tramitación de permisos de residencia o trabajo en España a cambio de dinero.
Las órdenes judiciales apuntan a que la empleada pública pudo estar vinculada a la presunta red desde 2024 y la sitúan en la fase final de los trámites burocráticos y administrativos. Ese papel la convierte, según las pesquisas, en una pieza clave de un esquema que mezclaba intermediación comunitaria, cobros en efectivo y gestiones dentro de la propia maquinaria de Extranjería.
El caso deja ahora una doble derivada. Por un lado, la investigación judicial sigue abierta sobre el alcance exacto de la red y sobre quiénes participaron en cada tramo del circuito de cobro y gestión. Por otro, la prisión provisional de cuatro detenidos, incluida la funcionaria, marca un primer cierre duro para una operación que comenzó con una denuncia aislada y acabó destapando un presunto entramado de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.
